La Directiva de Servicios como cambio de paradigma: del Estado garante a la Administración facilitadora

El influyente blog esPublico ha publicado, en dos entregas, un artículo elaborado por nuestro consejero Eduardo Gamero Casado bajo el título “La Directiva de Servicios como cambio de paradigma: del Estado garante a la Administración facilitadora”.

Con motivo del vigésimo aniversario de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior (DSMI), el trabajo analiza cómo esta norma europea supuso un auténtico punto de inflexión en la forma de entender la relación entre la Administración pública y los ciudadanos, pasando de un modelo centrado en el control previo a otro basado en la facilitación y la confianza.

El autor destaca que la DSMI no fue una reforma más, sino un verdadero cambio de paradigma: la generalización del principio de proporcionalidad y de la intervención mínima, así como el tránsito de controles ex ante (autorizaciones, licencias) a controles ex post (declaraciones responsables, comunicaciones), han proyectado sus efectos mucho más allá del ámbito de los servicios, impregnando el conjunto del ordenamiento jurídico.

El artículo aborda, entre otras cuestiones, el contexto de sobrecarga regulatoria —con unos costes administrativos recurrentes especialmente gravosos para empresas y ciudadanía—, las principales técnicas de simplificación (“better regulation” frente a “better administration” y las fórmulas híbridas como la administración electrónica), así como la trasposición de la directiva al derecho español y sus efectos expansivos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE.

El trabajo presta también especial atención a las “secuelas” normativas de la DSMI: desde la Ley de Economía Sostenible (2011) y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (2013) hasta la sucesiva proliferación de leyes autonómicas de simplificación, que se han ido aprobando de forma transversal y ajena a las mayorías políticas de cada momento.

Finalmente, el artículo reflexiona sobre el tránsito del “procedimiento administrativo debido” al “procedimiento administrativo adecuado”, subrayando la necesidad de equilibrar eficacia y garantías, y perfila la emergencia de la Administración facilitadora: una Administración concebida como aliada —y no como freno— de la ciudadanía y del sector privado.

Puedes leer las dos partes del artículo completo aquí: