Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación

La revolución digital y tecnológica que está experimentando nuestra sociedad se está traduciendo en una eclosión normativa sin precedentes. En este contexto, el Gobierno ha impulsado el Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, alineando el ordenamiento jurídico español con el ambicioso marco normativo de la Unión Europea: el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento de Servicios de Medios de Comunicación (EMFA). Esta iniciativa conlleva una revisión profunda de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, y la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, con el objetivo de reforzar la transparencia, la independencia y la responsabilidad en el entorno “online”.

Una de las principales novedades del proyecto de ley es la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicios Digitales, autoridad responsable de supervisar el cumplimiento del DSA en nuestro país.

En este sentido, las empresas que operan en el entorno digital deberán acreditar un comportamiento responsable y transparente en la gestión de sus plataformas. Asimismo, será necesario contar con protocolos internos para prevenir la difusión de contenidos ilícitos o dañinos, e informar a los usuarios sobre los criterios utilizados para la personalización de contenidos publicitarios.

Por su parte, los usuarios de las plataformas dispondrán de nuevos derechos, teniendo a partir de ahora más control sobre sus datos y recomendaciones publicitarias, así como mecanismos de reclamación claros y accesibles.

En la práctica, esto supone que no bastará con disponer de términos y condiciones o avisos legales genéricos, sino que será necesario acreditar su efectividad mediante mecanismos de cumplimiento activo, auditorías internas y registros de actuaciones. Para ello, será esencial evaluar el papel que desempeña cada empresa dentro del ecosistema digital, identificar las obligaciones aplicables y actualizar las políticas internas de gestión de contenidos y moderación. Contar con un programa de cumplimiento del DSA sólido e integral será clave para reducir riesgos sancionatorios y demostrar diligencia ante las autoridades, cumpliendo con el novedoso principio de accountability o responsabilidad proactiva.

El proyecto incluye un régimen sancionador nacional alineado con el DSA, introduciendo sanciones que pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación anual global de la empresa infractora. Asimismo, la autoridad de control podrá acordar medidas provisionales e incluso restricciones de servicio en caso de incumplimientos reiterados. En definitiva, el impacto no solo será económico: la pérdida de reputación y confianza puede resultar incluso más costosa en un entorno donde la transparencia digital es sinónimo de credibilidad.

A partir de ahora, el nuevo marco normativo exige a las empresas un cumplimiento real y verificable, siguiendo el modelo de responsabilidad proactiva. Anticiparse a su aplicación no solo reducirá riesgos sancionadores, sino que consolidará la confianza de usuarios y autoridades y supondrá una ventaja competitiva frente al resto de empresas del sector.