Modificación del PGOU de Vélez-Málaga para eliminar las Entidades Urbanísticas de Conservación: hacia un nuevo modelo de gestión urbanística

El Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprobó inicialmente una modificación puntual del PGOU, publicada en el BOPMA nº 217 de 13 de noviembre de 2025, mediante la cual se elimina la obligación de constituir Entidades Urbanísticas de Conservación (EUC) en 23 sectores residenciales del municipio. Esta decisión supone un cambio profundo en el modelo de gestión del suelo urbano y en la distribución de cargas entre los propietarios y la administración local.

Tradicionalmente se ha exigido la constitución de EUC en muchos desarrollos urbanísticos, constituidas para que los propietarios asumieran el mantenimiento de infraestructuras como viales, alumbrado o zonas verdes. En numerosos casos, estas entidades fueron configuradas con carácter indefinido, generando cargas económicas continuadas para los vecinos incluso décadas después de haberse finalizado las obras de urbanización.

Este modelo ha sido frecuentemente cuestionado en la jurisdicción contencioso-administrativa. En los últimos años, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado que las EUC no pueden tener duración indefinida, sino que deben existir únicamente mientras el Ayuntamiento no esté en condiciones de recepcionar las obras y asumir directamente la conservación.

Este cambio se inscribe en una tendencia creciente en el ámbito urbanístico andaluz, en el que tanto los tribunales como la ciudadanía han impulsado un modelo más equilibrado y coherente con la normativa vigente (la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, y su Reglamento de desarrollo), que refuerza la responsabilidad municipal en la gestión de los servicios públicos urbanísticos.

En esta misma línea, Málaga capital también está impulsando la revisión de la figura de las EUC, tras una sentencia del TSJA que reconoce la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma progresivamente la gestión de estas entidades colaboradoras, al no tener carácter indefinido. El debate se dirige a garantizar que los servicios urbanos de carácter público sean final y definitivamente asumidos por la administración municipal, liberando a los vecinos de cargas económicas continuadas que en ocasiones van más allá de la mera conservación de la urbanización.