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La transición hacia un modelo energético más sostenible requiere marcos legales que faciliten el despliegue de nuevas instalaciones. En este contexto, la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto 86/2025, publicado el pasado 29 de octubre, que sustituye al Decreto 70/2010. Con esta medida, el Gobierno regional parece buscar adaptar la normativa a los retos de la generación distribuida, el almacenamiento, el autoconsumo y la electrificación del transporte, ofreciendo mayor seguridad jurídica y eficiencia administrativa a los promotores del sector eléctrico.

El nuevo decreto introduce un conjunto de reformas procedimentales y técnicas que simplifican la tramitación de proyectos energéticos. Entre las principales novedades destacan la unificación de las autorizaciones previa y de construcción en un solo expediente, con un plazo máximo de resolución de tres meses. Además, se redefine la clasificación de instalaciones en cinco grupos —producción, transporte, distribución, consumo propio y auxiliares—, lo que permite adaptar los requisitos al tipo y tamaño de cada proyecto. También se incorpora la figura de la autorización de explotación provisional, que facilita la realización de pruebas antes de la autorización definitiva.

Estas medidas suponen un avance significativo en la agilización de trámites y en la reducción de cargas administrativas. Por primera vez se establecen criterios objetivos para determinar cuándo una modificación no requiere nueva autorización, lo que evita retrasos innecesarios en proyectos en curso. Además, el decreto introduce la obligación de presentar una garantía económica para cubrir los costes de desmantelamiento y restauración de terrenos, reforzándose en ese caso, la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Por último, decreta la digitalización completa de los procedimientos, lo que garantiza una gestión más transparente, rápida y trazable.

El Decreto 86/2025 representa un paso importante en la modernización de la normativa energética madrileña. Al simplificar los procedimientos, definir con mayor precisión las obligaciones de los promotores y reforzar la transparencia administrativa, la norma busca equilibrar agilidad y control en la tramitación de proyectos eléctricos. En esencia, constituye una actualización técnica necesaria para adaptar el marco regional a los nuevos modelos de generación y consumo energético, con un enfoque práctico orientado a la eficiencia y la sostenibilidad.

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